La Polar, las debilidades del sistema al desnudo

Andrés Sanfuentes

El caso de “La Polar” tiene para rato. Sin embargo, a estas alturas se pueden sacar algunas enseñanzas en varias materias: responsabilidades, regulación y medidas correctivas para evitar parte de los problemas que han salido a luz.

Las responsabilidades son compartidas. En primer lugar, el directorio de la empresa y su líder tienen las atribuciones señaladas por la Ley de Sociedades Anónimas, las cuales son ineludibles, aunque parecen ser poco conocidas por algunos al ejercer esa función; en segundo lugar, los ejecutivos encargados de la operación diaria de empresa; la experiencia ocurrida hace poco con las “subprime” en Estados Unidas se repite en términos criollos en forma asombrosa, con el mismo tipo de estímulos perniciosos que provocaron el colapso en ambos casos: bonos de desempeño y “stock options”, que llevaron a la manipulación de datos, que constituye un delito, tal como lo señaló el ministro de Hacienda.

Las responsabilidades pecuniarias de los directores, que establece la ley, les ha incentivado a buscar diferentes instrumentos de elusión o la búsqueda de mecanismos de seguros que les evite este peligro. 
Algunos analistas han señalado que los problemas o “accidentes” ocurrieron por la inexistencia de un socio controlador. Esa versión del capitalismo “salvaje”, que ve en la concentración de la propiedad una receta para crecer con rapidez, no se condice con las fórmulas que han llevado al progreso a los países capitalistas más avanzados.

Se agrega la actuación de los auditores externos, cuya actividad en el caso chileno debe ser normada en forma estricta; en este caso, no cumplieron su función de examinar la veracidad de las cuentas para asumir una tarea propia de los notarios, sumándose al desprestigio en que ha caído esta actividad. En menos medida cabe señalar la tarea de las clasificadoras de riesgo.

La regulación estatal ha mostrado fallas. Las actuación de las superintendencias de Bancos y Valores reflejaron superposición de tareas y también vacíos, lo cual obliga a apurar los proyectos de ley que crean el Consejo de Estabilidad Financiera y el que transforma a la Superintendencia de Valores en una entidad colegiada y autónoma, condición ésta última muy dudosa pues carecería de responsabilidad política y deja al ministro de Hacienda sin este instrumento directo para la política financiera. Lo acontecido mostró el término de la discusión sobre la consolidación de deudas comerciales, en que está normado el comportamiento de las entidades financieras, pero escasamente el de las empresas del retail, en circunstancias que resulta cada vez más evidente que actúan más como entidades de crédito que como vendedoras de bienes. La masificación del uso de tarjetas de crédito pone urgencia a una regulación adecuada.

En el sistema económico chileno hay notorios desequilibrios; como en los mercados de bienes entre los productores-vendedores y los consumidores, carentes de poder, información y representatividad. Su debilidad se ha manifestado en el episodio de “La Polar”, en que fueron claramente engañados. La actuación del Sernac fue destacada, a pesar de las escasas atribuciones y recursos con que cuenta. La consecuencia es la necesidad de apurar la tramitación de la ley de Sernac financiero, actualmente en el Parlamento, ya que contribuiría a otorgarle un papel importante en la defensa de los consumidores, el lado débil en las transacciones. El caso hace explícitos los variados abusos que sufren en el reino de la “letra chica”, en los contratos crediticios, las tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros.

De paso, si los consumidores tuvieran organizaciones poderosas en su defensa e información más completa podrían, junto al Sernac, contribuir con la Fiscalía Nacional Económica a atenuar la concentración productiva que existe en Chile, en la cual la propiedad de los restos de “La Polar” puede ser otro episodio más de la pérdida de competencia en los mercados nacionales.